El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, Ramiro González, pidió hoy la indagatoria del expresidente Alberto Fernández por distintos delitos en el marco de la causa en la que fue denunciado por violencia de género por su expareja, Fabiola Yáñez.
Según el dictamen, al exprimer mandatario se le imputan los delitos de lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; lesiones leves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja reiteradas en dos oportunidades; y amenazas coactivas -para que Yánez no denunciara los hechos de violencia ante el juez federal Julián Ercolini-; todos los cuales podrían concurrir realmente entre sí y por los que deberá responder en calidad de autor material.
La fiscalía estimó que con esta imputación y en caso de ser condenado en un futuro juicio oral, al expresidente podría corresponderle una pena de hasta 18 años de prisión.
Las pruebas de la fiscalía
Para presentar sus primeras conclusiones, la fiscalía recabó prueba de los teléfonos de la exsecretaria privada del expresidente, María Cantero, y de la víctima Yáñez. A ambas además se le tomó declaración testimonial.
También prestaron declaración testimonial el exintendente de la quinta presidencial de Olivos, Daniel Rodríguez; la madre y la hermana de la exprimera dama, la periodista Alicia Barrios, los médicos presidenciales Federico Saavedra y Leandro Federico Alem; la esteticista Florencia Aguirre; la modelo Sofia Pacchi; la niñera Noelia del Valle Gómez; y la exempleada de la quinta de Olivos Cinta Tonietti, entre otras personas.
La violencia física, fundamentalmente, en la modalidad del «golpe a mano abierta» se hizo recurrente hasta el final del mandato presidencial, señaló la fiscalía.
A su vez, se analizaron los registros de ingresos y egresos de Olivos durante todo el mandato presidencial; los de llamadas telefónicas entre Fernández y Yáñez desde 2016; y se incorporó y analizó documentación médica del Sanatorio Otamendi, la clínica Fertilis, el Hospital Universitario de Madrid y del Instituto de Neurología Cognitiva INECO.
Además, se agregaron fotos y videos aportados por la querella y la defensa; registros de la actividad oficial del expresidente y de la entonces primera dama: actos, conferencias, viajes oficiales.
Se realizó un relevamiento de medios de donde se extrajeron otras tantas imágenes, videos y declaraciones públicas de utilidad para la investigación y se agregaron extensos informes psicológicos y psiquiátricos productos de entrevistas de profesionales con Yáñez.
Violencia psicológica, física y económica
La fiscalía sostiene que el análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el expresidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la Ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica.
En su dictamen, el fiscal federal González sostiene que efectivamente, en un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde 2016 hasta que se formalizó la denuncia, “Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.
De acuerdo a las constancias de la causa, la violencia física que tenía algunos antecedentes relatados por la víctima, tuvo episodios agudos y luego se convirtió en habitual ya durante mandato de Fernández como presidente de la Nación.
Durante la convivencia de la pareja en la quinta de Olivos, se relataron «agarrones del cuello, zamarreos, cachetazos y distintos golpes que provocaron lesiones en el cuerpo de Fabiola Yáñez», destaca González en el dictamen.
Según la fiscalía, una de las lesiones imputadas, correspondiente a los meses anteriores al 12 de agosto de 2021, provocó un moretón en el brazo de Yáñez producto de un agarrón o zamarreo de Fernández dentro del chalet presidencial de la quinta de Olivos cuya fotografía envió la denunciante a María Cantero, secretaria del presidente, por Whatsapp en esa fecha.
La segunda ocurrió entre la noche del 21 de junio y la madrugada del 22 de junio de 2021. En ese momento, cuando la pareja se encontraba en la cama de la habitación principal del chalet presidencial de la quinta de Olivos, Fernández golpeó a Yáñez en el rostro y le provocó una lesión en su ojo derecho que inició con dolor y enrojecimiento para, luego, ir cambiando su tonalidad -hasta ponerse negro- en los días posteriores.
“Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”, señala el dictamen.
De acuerdo a las pruebas de la causa, la violencia física, fundamentalmente, en la modalidad del «golpe a mano abierta» se hizo recurrente hasta el final del mandato presidencial, incluso luego de la mudanza de la entonces primera dama del chalet principal a la casa de huéspedes de Olivos durante 2023 hasta que, finalmente, partió a Madrid. De acuerdo a lo corroborado por la fiscalía, ese destino fue elegido por Fernández que supuso que su espacio podía ganar las elecciones de ese año y ser embajador en España.
Además, la fiscalía señala que mientras Yáñez residía en Madrid condicionada económicamente por su agresor, en medio de anuncios de suicidio, pedidos de ocultar las agresiones físicas para que no fueran noticia y consejos de hablar lo menos posible bajo promesa de que nada iba a faltarle a la familia, la víctima fue coaccionada para que no denunciara el hecho frente al juez de la causa.
El fiscal González sostiene que de ese modo se afectó el trámite de un expediente federal producto de las amenazas del expresidente.
Ocho años de agresiones, humillación, vergüenza, soledad, miedo y desconfianza
Al analizar toda la prueba en su conjunto y luego de comprobar el continuo de violencia contra Yáñez producto de, cuanto menos, ocho años de agresiones psicológicas y físicas sistemáticas, profesionales psicólogas del Ministerio Público Fiscal remarcaron el desgaste emocional de la víctima y anotaron el impacto en su estado anímico, la voluntad y vitalidad. A esto sumaron la existencia de «un fondo emocional depresivo con la predominancia de sentimientos de humillación, vergüenza, soledad, miedo y desconfianza».
A su vez, el representante del MPF puso de relieve que la médica psiquiatra presentada por la querella, luego de analizar estos aspectos, concluyó que se advertían múltiples secuelas de daño psíquico reactivo a situaciones de violencia sistemática y crónica sufridas por Yáñez desde hace ocho años en el marco de su relación de pareja.
Estos elementos, junto a los restantes analizados resultaron suficientes como para que la fiscalía impute al expresidente Fernández “el debilitamiento permanente de la salud de su expareja a título de lesiones graves, también doblemente agravadas”.